A raíz de la entrada en vigencia de la Ley 1503 de 2011 y la puesta en marcha del sistema penal acusatorio, hablar de seguridad vial se ha puesto a la orden del día a escala nacional y en diferentes aspectos, todos ellos en pro de encontrar herramientas que suplan la necesidad de prevenir y, de no ser así, hallar las causas que desencadenan accidentes de tránsito.
Otro ingrediente, no menos importante, es el compromiso de Colombia con la reducción de la accidentalidad vial antes de 2020, asumido con ocasión del lanzamiento mundial de la Década de Acción para la Seguridad Vial, que lideran la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de reducir en un 50% las cifras de víctimas mortales en accidentes de tránsito antes de 2020.
La Ley 1503 de 2011 establece los lineamientos para el sector privado en materia de seguridad vial, al indicar en el artículo 12: “Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de la presente ley. Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera”.
Las auditorías de seguridad vial han demostrado su contribución favorable y efectiva a la disminución de la accidentalidad. Su metodología no se circunscribe a los aspectos geométricos de la vía sino que va mucho más allá: incluye la verificación de criterios en el desarrollo de los proyectos desde la planificación, las etapas de prediseño y diseño, la preconstrucción y la construcción, las fases preoperativa y operativa, y la llamada evaluación ex post, una vez se dispone de información suficiente que permita evaluar la efectividad de las medidas. Los costos son mínimos, comparados con los beneficios asociados a la reducción del número de víctimas, y la rentabilidad que se obtiene.
En Colombia ha habido un avance, como lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal. Por primera vez desde 2006 se logró reducir el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito en relación con el año anterior. En 2010 se salvaron 132 vidas, un poco más del 2% de las que se perdieron en 2009. Si se cumplen las metas, se podrán salvar más de 15 mil vidas en 10 años.
La Década de Acción para la Seguridad Vial alienta a las entidades locales y nacionales para que asuman este compromiso y se logre la participación de sectores y organismos relacionados con el transporte, la salud, la policía, la justicia y la infraestructura, entre otros, en el desarrollo de actividades encaminadas a disminuir los índices de mortalidad por accidentes de tránsito.
Por tal razón, es importante generar un impacto a escala local, nacional y regional, a través de las acciones correspondientes a los cinco pilares establecidos para la seguridad vial: fortalecimiento del marco institucional y de gestión de seguridad vial; proyectar mejores vías para movilidad más segura; mejorar la seguridad vehicular; mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías, y dar atención eficaz a las víctimas de siniestros.
El camino es largo y el compromiso debe ser de todos mientras se sigan perdiendo más de 5000 vidas en el país por esta causa.